EL FARO
- La entidad andaluza solicita al Defensor “que inicie una investigación para comprobar” si el Gobierno andaluz y los ayuntamientos de las ocho capitales andaluzas están cumpliendo con sus obligaciones “de promover y salvaguardar el estado social y democrático de derecho”
- APDHA reclama al Defensor Andaluz que solicite una moratoria para la habilitación de nuevos pisos turísticos mientras no se cree un parque público de viviendas que ofrezca soluciones a las necesidades de la población andaluza
- Pro Derechos Humanos también reclama a Junta y ayuntamientos una normativa que ponga fin a los cortes de suministros básicos (luz y agua) que sufren numerosos barrios y municipios andaluces
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado hoy una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz contra la Junta de Andalucía y contra los ayuntamientos de las ocho capitales andaluzas por incumplir su deber constitucional “de promover y salvaguardar el estado social y democrático de derecho”. Más concretamente la APDHA denuncia que estas administraciones están vulnerando “la especial protección constitucional del derecho a una vivienda digna con los mandatos constitucionales previstos en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda”.
APDHA apela a que la propia Constitución española de 1978 “atribuyó a los Poderes Públicos la tarea y responsabilidad de implementar las políticas de desarrollo social contenidas, en primer término, en nuestra Carta Magna y, posteriormente, en los instrumentos internacionales ratificados por España”. Y, en este sentido, la forma de proceder de la propia Junta y de la mayoría de ayuntamientos andaluces no solo está vulnerando los preceptos contenidos en la misma Constitución, sino también los que forman parte de Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El documento hoy registrado en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz explica que “el derecho a una vivienda digna (artículo 47 CE) constituye una de las piedras angulares de nuestro Estado social” y señala que así lo reconoció el propio Tribunal Constitucional con su STC 154/2015, en la que afirma que “facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas necesitadas es un objetivo constitucional primordial”. También el Tribunal Constitucional, en su STC 32/2019, afirmaba que los Poderes Públicos están obligados a “promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, conforme determina el artículo 47 de la Constitución española”.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia además ante el DPA “la ausencia de desarrollo e instauración de parques públicos de vivienda suficientes para dar cobertura a los intereses generales de la población andaluza en los términos previstos en la Ley” y recuerda que Andalucía, con un 35’8% de su población en riesgo de exclusión social, presenta índices de pobreza superiores incluso a los de los países más pobres de la Unión Europea, como son Rumanía o Bulgaria. Según los últimos datos disponibles, además, la pobreza infantil aumentó en Andalucía hasta alcanzar una tasa del 29,4%, siendo una realidad que afecta hasta a un 43,3% de los hogares monomarentales.
La queja hoy registrada apunta también hacia la turistificación como una de las causas que más está agravando el acceso a una vivienda para la población andaluza y señala que “el decreto aprobado por el gobierno andaluz para poner en marcha un Reglamento de las Viviendas de Uso Turístico se ha elaborado, como ha reconocido el propio Moreno Bonilla, con el acuerdo y el beneplácito de las grandes empresas que se dedican a este negocio y, sin embargo, no ha tenido en cuenta las demandas de colectivos sociales y ciudadanos”.
APDHA también pone el foco en la situación que “están padeciendo numerosas familias andaluzas como consecuencia del corte de suministros básicos (agua y electricidad)”. La entidad andaluza recuerda que “en la mayoría de estos casos, quienes sufren estos cortes, con interrupciones de más de 12 horas en algunos casos, son familias que pagan regularmente sus facturas y que sufren estos cortes sin recibir ningún tipo de compensación por parte de empresas que obtienen cada año beneficios multimillonarios”.
Por todo ello, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía solicita al Defensor del Pueblo Andaluz que “inicie una investigación para comprobar si el Gobierno andaluz y las demás Administraciones andaluzas competentes están cumpliendo con lo prescrito en la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda”.
Asimismo, la APDHA también solicita al Defensor del Pueblo Andaluz que emita una recomendación para que tanto la Junta de Andalucía como al conjunto de los ayuntamientos andaluces para que “se hagan responsables de la conservación y eficiente gestión de los parques públicos de vivienda ya existentes”.
La entidad andaluza también solicita al Defensor del Pueblo Andaluz que demande a la Junta “la elaboración de una normativa que establezca una moratoria sobre la creación de nuevos pisos turísticos hasta que no se hayan establecido los mecanismos necesarios para garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna y asequible”. En este sentido, la APDHA también demanda al conjunto de ayuntamientos andaluces que “regulen y limiten, en la medida de sus capacidades competenciales, la creación de nuevos pisos turísticos”.
Por último, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía también solicita al Defensor del Pueblo que emita una recomendación dirigida a la Junta y a los consistorios de la Comunidad Autónoma para que “se desarrolle la normativa y la reglamentación necesaria para poner fin a los cortes de suministros básicos que se están produciendo en numerosos barrios y que afectan mayoritariamente a personas humildes y de clase trabajadora”.
