Granada margina a los marginados
Primero convertimos el barrio en una especie de ghetto, que para quien no lo sepa es un lugar donde es separado y aislado un grupo de personas que forma parte de alguna minoría, sea esta étnica, social, racial o religiosa; después le fabricamos su propia leyenda negra; más tarde le negamos el pan y la sal, en forma de empleos dignos; y siempre, siempre, hemos fingido buscarle soluciones desde mesas interinstitucionales y otras “herramientas” perfectamente inútiles.
Los granadinos y granadinas de la zona norte continúan asistiendo, entre resignados e impotentes, a toda una retahíla de humillaciones y ninguneos, que si se estuvieran produciendo en cualquier otra zona de Granada, tendrían al personal en pie de guerra y a las instituciones temblando. No es el caso. Estamos hablando del “más allá”, como alguien bautizó a este barrio, definiendo con esas dos palabras, la forma con que las instituciones, pero también buena parte de la sociedad granadina, se relacionan con una zona de su ciudad. Porque no debemos ser hipócritas, el abandono de que es víctima Almanjáyar, solo es posible desde la indiferencia, cuando no la complicidad, de un buen porcentaje de la ciudadanía.
Si la penúltima infamia de que está siendo víctima la zona norte, es la de vivir en la permanente zozobra de no saber cuando van, o no van a tener luz, con todo lo que ello supone para destrozar la normalidad cotidiana de centenares de familias, la última, es la de dejar a parte del barrio sin transporte urbano, con el argumento de la comisión de “actos vandálicos” contra los autobuses, en el trayecto comprendido entre Joaquina Eguaras y Fray Juan Sánchez Cotán, más exactamente en la calle Casería del Cerro.
El Ayuntamiento ya explicó la semana pasada, la que calificó de “situación límite” que se estaba viviendo y por consiguiente, el riesgo para usuarios y conductores. También se informó de la decisión del comité de empresa de Rober, que había solicitado el corte del servicio de los autobuses que pasan por la zona Norte, desde las siete de la tarde, mientras no se solucione la situación.
Y este martes en comisión de Movilidad la concejal Ana Agudo confirmaba esa interrupción, que será «indefinida» mientras persista la situación de inseguridad, por lo que ya se buscan soluciones y se ha convocado para el lunes la Junta Local de Seguridad, para reclamar un mayor apoyo a la Policía Nacional y que se eviten estas situaciones, generadas por lanzamientos de piedras, entre otros, a los autobuses.
El pleno extraordinario de trabajadores celebrado la pasada semana, acordaba la interrupción del servicio en las líneas 5, N5 y N6, ante la «inaplicación e ineficiencia del Protocolo de Vandalismo suscrito entre Transportes Rober y los trabajadores el 31 de octubre de 2018».
Es entendible que los trabajadores de ROBER hayan adoptado esta decisión para garantizar su seguridad, aunque lo hacen por el incumplimiento del Protocolo de Vandalismo en vigor, lo que saca los colores al Ayuntamiento y probablemente a la subdelegación del Gobierno, instituciones de las que dependen las fuerzas policiales Lo que es de todo punto incomprensible, es que el Ayuntamiento de todos los granadinos, en lugar de garantizar la seguridad de sus autobuses urbanos y de sus conductores, baje los brazos como un boxeador noqueado y acepte que parte de sus ciudadanos se queden sin un derecho fundamental, como es el de la movilidad urbana.
La incomprensible “resignación” del Ayuntamiento de Granada, además de que pueda ser ilegal, lanza un mensaje peligrosísimo al personal, que no es otro que la Plaza del Carmen se rinde ante la ley del más fuerte y que si alguien convierte una parte de nuestra ciudad, en una especie de Chicago años 20, en lugar de combatir el delito, nuestro Ayuntamiento incurrirá en una vergonzosa dejación de funciones, abandonando a su suerte a buena parte de su ciudadanía.
400 policías operativos tiene el Ayuntamiento a su disposición para garantizar la seguridad, también en la zona norte. Más que suficientes para escoltar a esos autobuses. Por cierto, esta ciudad se gasta más de tres millones de euros anuales en horas extras, de las cuales el noventa por ciento van destinadas a policía local y bomberos, que a lo que parece solo son “necesarias” para la Semana Santa y procesiones varias y no tanto para garantizar el derecho de la ciudadanía a poder moverse en sus autobuses urbanos por la ciudad.
Las buenas gentes de Almanjáyar llevan décadas demostrando una paciencia que para sí la quisiera el santo Job, pero tengo para mi que más pronto que tarde, van a decir: ¡Basta ya! y cuando llegue ese día, puede que estalle toda la indignación acumulada en tantos años de agravios y desprecios. Créanme que no me gustaría asistir a ese tsunami.
