UGT y CCOO alertan en Granada del estado crítico y de abandono de la Dependencia por parte de la Junta de Andalucía

EL FARO

 También han denunciado el cierre de las residencias de tiempo libre de la Junta, ya que muchos de sus usuarios eran personas jubiladas

Concentración en la capital en defensa de los derechos de los jubilados y pensionistas (EL FARO)

Este jueves, 1 de febrero, en la entrada de la Delegación de Gobierno de la Junta en Granada, el Sindicato de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Granada, y la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Granada han celebrado una concentración para exigir una Dependencia de Calidad y Digna, y denunciar el estado crítico y la situación de abandono en la que el Gobierno andaluz tiene las políticas de dependencia y las residencias, con el consiguiente daño a las personas mayores de nuestra provincia. También han denunciado el cierre de las residencias de tiempo libre de la Junta, ya que muchos de sus usuarios eran personas jubiladas, que podían disfrutan de unas vacaciones a precios públicos y económicos, sin perjuicio para sus pensiones.

Así lo han indicado los representantes de ambos Sindicatos en la concentración, señalando además que las personas que solicitan una prestación de servicio a la dependencia tienen que esperar 522 días, lo que vienen a ser 18 meses. Unas largas semanas de incertidumbre en las que hasta un 30% de los solicitantes fallece antes de recibir una simple ayuda que les permita tener una vida digna.

En cuanto a la situación de las residencias en Granada, UGT y CCOO recuerdan que es de total saturación, con más del 96% de las plazas ocupadas, por lo que se necesitarían más de 8.000 plazas con carácter inminente para terminar con la lista de espera en estos momentos, y cubrir las necesidades de las personas dependientes con el derecho reconocido, para cumplir la recomendación de la OMS de que sería necesario tener plazas para el 5% de la población mayor de 65 años, han argumentado.

Desde CCOO y UGT también han denunciado el incumplimiento por parte del Gobierno andaluz del Pacto firmado para el Impulso Social y Económico de Andalucía, y en esta línea han asegurado que no se ha dado ningún avance en una materia tan sensible como es la Ley de Dependencia.

Para los responsables sindicales, el Gobierno Andaluz mantiene la gestión de la dependencia en estado crítico al aumentar las listas de espera para resolver una prestación de servicio a la Dependencia. Concretamente, en Granada la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la administración Autonómica cuantifica en 58.648 (a diciembre de 2023) las personas solicitantes de Dependencia: 36.303 mujeres y 22.345 hombres. La mayoría de estas solicitudes (28.913 personas) son para mayores de 80 años que en algunos casos fallecen esperando su resolución.

También, CCOO y UGT consideran que se debe aumentar el personal técnico encargado de las valoraciones del grado de dependencia de las personas usuarias de la prestación que les corresponde y los reconocimientos para poder acabar de una vez con las listas de espera. Y es que, ha terminado el responsable sindical, ni los planes de choque llevados a cabo por la Junta ni los diferentes sistemas informáticos instalados para la gestión de la Dependencia, ambos financiados con Fondos Europeos, han servido para que disminuyan las inaceptables listas de espera.

En cuanto al cierre de la Residencias de Tiempo libre en Andalucía, UGT y CCOO han recordado al Gobierno Andaluz que no es una empresa privada que ha de generar beneficios, sino que su obligación es prestar un servicio público de calidad a la ciudadanía y fundamentalmente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Los servicios públicos, añaden CCOO y UGT, jamás son un déficit, sino que son una inversión pública para el estado del bienestar de nuestra sociedad. Por ello, lamentan, además, el enfoque mercantilista del Gobierno andaluz en relación a un servicio que está dirigido a los colectivos más desfavorecidos, entre ellos personas perceptoras de pensiones no contributivas, personas jubiladas, y mayores de 60 años.

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