- JOSÉ ANTONIO PÉREZ ALMENDROS, EMPRESARIO COMERCIANTE DE MOTRIL
Urge y es imprescindible que el gobierno y toda la oposición unidos legislen ya en el Congreso de España un «Plan de solidaridad» de emergencia nacional, este contaría de dos leyes.
La primera sería que, por obligación legal, todos los supermercados de cualquier tamaño tendrían que entregar a las Asociaciones más cercanas todos los productos que retiran de sus estanterías por fecha de caducidad, para que no se destruyeran, ni tiraran a la basura alimentos que pueden dar de comer a muchas familias repartidos a través de estas ONGS en cada pueblo o ciudad.
La segunda ley conllevaría el descuento o aportación de cada nómina, de cada trabajador a un fondo solidario, que empezaría en cinco euros mensuales de las nóminas hasta mil euros mensuales, y así sucesivamente aumentando de cinco en cinco euros la aportación según aumenta el salario de cada trabajador; o, a la misma vez el empresario que paga esas nóminas, también aportaría a ese fondo solidario la misma cantidad que aporta el trabajador.
Este dinero exclusivamente se dedicaría para pagar mensualidades de hipotecas a todas las personas que no pueden pagar esas mensualidades, siempre que quede demostrado fehacientemente que en esa familia no existe ningún miembro que trabaje.
Establecer las condiciones totales para poder acceder por parte de las familias a ese fondo solidario, técnicos tiene la administración para estudiarlas y evitar picarescas, beneficiando solo a los que verdad lo necesitan; así evitaríamos la lacra de los desahucios que nos está llevando a que personas desesperadas se suiciden y que la gran mayoría de estas personas desahuciadas se vean tiradas en la calle con niños incluidos. No podemos permitir ningún español, que tengamos trabajo en estos momentos, que haya familias que pasen por este trance. Dación en pago ya.
También prohibir por ley que una persona que tenga una sola vivienda le pueda firmar a otra para conseguir una hipoteca, así no corre el riesgo de que terceras personas pierdan su vivienda habitual.
Es urgente construir viviendas sociales, sociales de verdad, en otros tiempos ya se hicieron y no me explico cómo ahora en democracia no se hacen, cuando se tenían que construir mucho más que antes y más estando contemplado en la Constitución «que todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda»
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