Opinión.-
Renovables bajo sospecha
La Junta de Andalucía ha promovido en los últimos años un notable incremento de proyectos de energías renovables en la región, con el objetivo de posicionarse como líder en la transición energética. Sin embargo, este impulso masivo está generado numerosas críticas debido al impacto ambiental, la limitada creación de empleo y la escasa rentabilidad social que estos proyectos aportan.
La instalación de megaplantas fotovoltaicas y parques eólicos está modificado significativamente el paisaje rural de Andalucía. Zonas que antes eran campos de cultivo o espacios naturales han sido transformadas en extensas superficies cubiertas de paneles solares o aerogeneradores. Este cambio no solo afecta la estética del entorno, sino que también tiene consecuencias sobre la biodiversidad y los ecosistemas locales.
Un ejemplo destacado es el de Pinos Puente, en la provincia de Granada, donde se han inaugurado recientemente los parques fotovoltaicos Cimera y Coracha, promovidos por la empresa Ignis. Estas instalaciones abarcan más de 160 hectáreas que anteriormente estaban dedicadas principalmente al cultivo de olivos. La transformación de estas tierras ha generado protestas vecinales, especialmente por parte de residentes del cortijo Bucor, quienes denuncian daños medioambientales en el río Velillos y en la biodiversidad de la zona.
La construcción de estas infraestructuras suele requerir la tala de árboles y la alteración del suelo, lo que conlleva la inevotable erosión y pérdida de hábitats naturales. Aunque las evaluaciones de impacto ambiental son obligatorias, en ocasiones se han identificado infracciones medioambientales graves que han llevado a la paralización temporal de proyectos, como ocurrió con la planta fotovoltaica Fargue I en Víznar.
Uno de los argumentos a favor de la expansión de las energías renovables es la generación de empleo local. Sin embargo, la realidad en Andalucía muestra que la creación de puestos de trabajo estables es mínima. Según datos de la propia Junta, en la provincia de Granada se están tramitando 118 proyectos de energías renovables que sumarían unos 1.664 MW de potencia, con una inversión de 1.700 millones de euros. No obstante, esta inversión solo aportaría 350 empleos durante la fase de explotación de las instalaciones, lo que equivale a aproximadamente tres puestos de trabajo estables por planta.
Durante la fase de construcción, se estima la creación de 3.200 empleos temporales, es decir, alrededor de 27 puestos de trabajo por proyecto. Esta cifra, aunque más elevada, sigue siendo limitada y no compensa la pérdida de empleos tradicionales en sectores como la agricultura, afectada por la transformación de tierras cultivables en plantas industriales.
La rentabilidad social de estos proyectos es cuestionable. Aunque las empresas promotoras y las administraciones públicas destacan los beneficios económicos y la contribución a la lucha contra el cambio climático, las comunidades locales a menudo no perciben mejoras significativas en su calidad de vida.
La electricidad generada por estas plantas suele integrarse en la red general y, en muchos casos, se destina a otras regiones o incluso a la exportación, sin que los habitantes locales se beneficien directamente de tarifas más bajas o de un suministro más estable. Además, los ingresos fiscales que los municipios reciben por albergar estas instalaciones no siempre se traducen en inversiones en infraestructuras o servicios públicos que mejoren el bienestar de la población.
La percepción de que estos proyectos benefician principalmente a grandes empresas y no a las comunidades locales está generando un importante descontento y protestas en diversas localidades. La falta de participación ciudadana en la planificación y desarrollo de las instalaciones de energías renovables contribuye a la sensación de imposición y a la percepción de una rentabilidad social nula.
La transición hacia energías renovables es esencial para combatir el cambio climático y garantizar un futuro sostenible. Sin embargo, es fundamental que este proceso se realice de manera equilibrada, considerando no solo los beneficios ambientales, sino también los impactos sociales y económicos en las comunidades locales.
Es necesario replantear el modelo de desarrollo de las energías renovables en Andalucía, promoviendo proyectos de menor escala que se integren armoniosamente en el entorno y que involucren a la población local en su planificación y gestión. Fomentar iniciativas de autoconsumo, cooperativas energéticas y proyectos comunitarios podría aumentar la aceptación social y garantizar que los beneficios económicos se queden en la región.
Además, es crucial establecer mecanismos de compensación justos para las comunidades afectadas por la instalación de grandes infraestructuras energéticas, asegurando que reciban inversiones en servicios públicos, infraestructuras y programas de desarrollo local que mejoren su calidad de vida.
Solo a través de un enfoque inclusivo y respetuoso con el medio ambiente y las personas se logrará una transición energética verdaderamente sostenible y equitativa en Andalucía.
