EL FARO
El subdelegado ha mantenido reuniones con las instituciones del Estado con competencia en materia de trata y con ONGs que desarrollan proyectos con fondos del Gobierno central para atención y acogimiento de las víctimas
Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, la Subdelegación del Gobierno ha querido reunir a los responsables de las instituciones estatales con competencias en esta materia y a ONGs que desarrollan en la provincia de Granada programas con fondos del Gobierno central de atención y acogimiento de las víctimas, para analizar la idoneidad de los recursos que se destinan a este fin y los resultados de dichos programas.
Así, el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, ha mantenido una reunión con responsables provinciales de Policía Nacional, Guardia Civil, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Inspección de Trabajo, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) así como de la Dependencia de Trabajo e Inmigración y la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, en la que se han puesto en común algunas de las medidas que gestionan estos organismos relacionados con la trata y las actuaciones policiales que se realizan.
En lo que llevamos de año, la Policía Nacional ha realizado 86 inspecciones o atestados relacionaos con la trata, ha liberado a 8 víctimas y mantenido 130 contactos con ONGs e instituciones relacionadas con la trata. Por su parte, la Guardia Civil ha desarrollado 4 investigaciones relacionadas con la trata, que han permitido la liberación de 4 víctimas, una de ellas menor, a las que hay
que sumar otras 25 víctimas más fruto de una operación que comenzó el año pasado, pero culminó en 2024.
Montilla ha destacado la importancia de que exista coordinación y colaboración de todos los recursos existentes en la lucha contra la trata porque “al mismo tiempo que se persigue el delito por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hay que ofrecer una alternativa asistencial y de atención a las víctimas para que, una vez que salgan de esa situación, puedan retomar sus vidas a través de programas de atención y búsqueda de empleo”. Por ello, el subdelegado también se ha reunido con los responsables de las asociaciones Integra2, Cruz Roja, Fundación Amaranta, Fundación Cruz Blanca, Inserta, Engloba y Mujeres en Zona de Conflicto, que desarrollan en nuestra provincia programas de atención a las víctimas de trata como, por ejemplo, el Plan Camino, impulsado por el Ministerio de Igualdad, que ofrece alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.
Todas estas entidades sociales han realizado 590 atenciones a víctimas de trata o en entornos de prostitución en el marco de los programas que desarrollan con fondos de diferentes ministerios del Gobierno de España.
Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos
José Antonio Montilla ha recordado que el Gobierno de España mantiene un compromiso firme en la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual y que queda plasmado, por ejemplo, en la futura Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de este año.
Dicha Ley, según ha explicado el subdelegado, pretende actuar frente a todas las formas de trata, como la laboral, la sexual, los matrimonios concertados o el tráfico de órganos. Además, prevé que las víctimas en situación irregular en España dispongan de un permiso de residencia y de trabajo provisional hasta que se certifique su condición definitiva de víctima de trata. «Muchas veces la denuncia es difícil por miedo y, por lo tanto, hay que proteger y acompañar en todo momento», ha argumentado el subdelegado.
Las víctimas también tienen garantizado que no serán expulsadas del país y que podrán acceder a los derechos y ayudas que reconoce la ley. José Antonio Montilla ha precisado que tienen derecho a la percepción del Ingreso Mínimo Vital, a ser un colectivo prioritario para acceder a una vivienda pública, a asistencia letrada y a recibir indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados a las mafias y a los grupos de trata. Estos derechos están reconocidos sin necesidad de interponer denuncia.
Además, Montilla también ha destacado el Real Decreto-Ley 1/2023, que establece bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, de violencias sexuales o de trata de seres humanos, de explotación sexual o laboral, y aquellas que se encuentren en contextos de prostitución.
