EL FARO
Se pide una solución definitiva para la totalidad de funcionarias y funcionarios de la administración de Justicia
Aprovechando la presencia del ministro de Justicia en la clausura de las XIX Jornadas de Presidentes y Presidentas de Tribunales Superior de Justicia de España, que se han celebrado en Granada en la sede del TSJA con sede en Granada, delegados y delegadas de las centrales sindicales de CCOO, STAJ y SPJ-USO hemos protestado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía exigiendo al Ministro de Justicia una solución definitiva para la totalidad de funcionarias y funcionarios de la administración de Justicia, tanto de los ámbitos transferidos como del ámbito del Ministerio de Justicia.
A la salida del acto de clausura de dichas Jornadas las centrales sindicales de CCOO y de STAJ «hemos entregado en mano un escrito, cuyo contenido adjuntamos a la presente nota de prensa, con las principales demandas de estas centrales sindicales, ante el cierre en falso de un conflicto que se inició en abril de 2023 y del que se ha obviado a dos tercios de las trabajadoras y trabajadores de la administración de Justicia que trabajamos en Comunidades Autónomas con transferencias en materia de personal y medios materiales. Le hemos recordado al Sr. Bolaños que las trabajadoras y trabajadores de la administración de Justicia somos un Cuerpo Nacional y que ha dejado desprotegidos a cerca de 33.000 trabajadoras y trabajadores».
TEXTO DEL ESCRITO ENTREGADO EN MANO:
“EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA, D. FELIX BOLAÑOS
El conflicto que iniciamos los 45.000 funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia hace ahora más de un año, ha sido, a juicio del colectivo más numeroso que trabaja en dicha Administración, “cerrado en falso” por su Ministerio tras lo que consideramos el frustrante acuerdo firmado el pasado 7 de marzo junto con los sindicatos CSIF y UGT, pués la subida salarial pactada en el complemento específico en dicho acuerdo, sólo afecta a los funcionarios dependientes del ámbito no transferido (unos 12.000) y deja fuera a los que pertenecen a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia (cerca de 33.000). Un acuerdo, además que, debemos recordar, adolece de legitimidad democrática ya que sólo ha sido refrendado por una minoría sindical (apenas un 40% del total de la representación sindical estatal en Justicia). Por tanto, este acuerdo supone que las dos terceras partes del conjunto total de esos 45.000 funcionarios y funcionarias, han sido literalmente “abandonados” por su Ministerio. Un Ministerio que, tanto su actual equipo como el anterior, ha incumplido todos sus compromisos de solución del mismo en “clave nacional” ya que pretende que sean las Comunidades Autónomas quién lo solucionen cada una en su ámbito. Y, como bien conoce V.E., esta propuesta fue la misma que se propuso al inicio del conflicto en el pasado año y ya fue rechazada de plano por la plataforma unitaria sindical (CISF, STAJ, CC.OO y UGT), aunque ahora sin haber existido cambio alguno en nuestras reivindicaciones originales -ya que siguen siendo las mismas- ha sido sorprendentemente aceptada por esa minoría sindical conformada por CSIF y UGT.
Los sindicatos STAJ y CC.OO. (con mayor representación sindical que los firmantes del acuerdo) seguimos sin aceptar la solución de dicho acuerdo, por que como V.E. sabe, si bien las Comunidades autónomas con transferencias en materia de Justicia, tienen competencias para regular conceptos retributivos como son el complemento especifico y otros (productividad o los planes de actuación), la negociación para la actualización de los mismos se circunscribe a las particularidades que se dán en cada ámbito transferido y pertenecen a reclamaciones especificas de cada territorio, algunas de las cuales se remontan a muchos años atrás y nada tienen que ver que el objeto de las reivindicaciones originales del conflicto laboral nacional que los cuerpos generales iniciamos hace ya más de un año.
Es por todo ello que las reivindicaciones en clave nacional se mantienen plenamente vigentes, a pesar del citado acuerdo de marzo en el que su Ministerio pretende “dar por zanjado el conflicto”. Un acuerdo que para el conjunto de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia de todo el estado es un “cierre en falso” porque lo que hace es eludir la responsabilidad exclusiva y única de su Ministerio por las razones que venimos reivindicando desde abril del pasado año:
Es el Ministerio quién promueve las nuevas leyes de eficiencia digital, procesal y organizativa (las dos primeras ya dictadas y la tercera en trámite parlamentario), que tiene impacto en todo el Estado y supondrán una transformación en la Administración de Justicia e incidirán en profundos cambios en cuanto a las condiciones de trabajo de los cuerpos generales que deben ser objeto de negociación –por mandato legal- en el seno de la mesa sectorial de Ministerio de Justicia. Una negociación “real” que no se está produciendo, pues su Ministerio está incumpliendo su compromiso de negociar tanto el reconocimiento de nuestras funciones actuales, como las futuras que desarrollaremos en las nuevas leyes, así como su reconocimiento retributivo a través del complemento general de puesto que regula el Ministerio y que afectaría al conjunto de los 45.000 funcionarios y funcionarias.
Es el Ministerio de Justicia el que ha provocado la “actual crisis de discriminación retributiva” al olvidar a los cuerpos generales de la Administración de Justicia de la subida salarial que –con efectos de enero de 2023- si ha reconocido la importancia que desarrollaran ante las nuevas leyes los Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia.
Y, por último es el Ministerio de Justicia el que tiene la única y exclusiva competencia para negociar el contenido del Real Decreto para la regulación de nuestra Carrera Profesional que sigue sin abordarse a pesar de llevar más de seis años reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Es por todo ello que apelamos a que cumpla los compromisos adquiridos y proclamados en sede parlamentaria por V.E. -al inicio de su mandato como titular de la cartera de Justicia- de dar solución a nuestras justas reivindicaciones para todo el conjunto de los 45.000 funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia de España.”
Fdo. Los delegados sindicales en Granada del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y de Comisiones Obreras (CCOO)
Nicolás J. Núñez Muro y Francisco J. Vílchez Rodríguez.
