EL FARO
Olga Manzano critica que “ni siquiera el consejero de Medio Ambiente se desplazara hasta la zona ante la alerta ciudadana que provocaron los vertidos que tiñeron de azul las playas el pasado mes de enero”
El Grupo Parlamentario Socialista de Granada ha censurado la “opacidad” de la Junta de Andalucía frente a los vertidos que a finales del pasado mes de enero tiñeron de azul las playas de la costa granadina entre Motril y Salobreña.
La parlamentaria andaluza Olga Manzano interpelará sobre este asunto al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, en la comisión del ramo que se celebra esta tarde en el Parlamento andaluz y ha señalado que “dos meses después no conocemos nada de las investigaciones de la Consejería y lo cierto es que la población, los responsables públicos locales y las asociaciones medioambientalistas, entre otros colectivos, necesitan respuestas”.
“Ni siquiera el señor Fernández-Pacheco ha tenido la deferencia de desplazarse hasta la zona en cuestión ante la alerta ciudadana que provocaron los vertidos, procedentes de una acequia que desembocaron en la playa de Punta del Río”, ha indicado Manzano quien ha recriminado al consejero que “no se haya reunido con los agentes locales para explicarle el origen y ofrecerle información”.
Así, Manzano ha criticado el “desinterés” del Gobierno de Moreno Bonilla y del PP con este asunto, por lo que “demuestra que no le importa en absoluto la calidad de las aguas ni el cumplimiento de las normas”.
La socialista ha recordado que la Junta de Andalucía tiene encomendadas las competencias en materia de inspección y vigilancia del dominio público hidráulico, ejerciendo las funciones de policía sobre los aprovechamientos y, en particular, sobre los sistemas de abastecimiento y depuración de las aguas, mantenimiento y control de las obras hidráulicas de competencia de la administración autónoma.
El Gobierno andaluz, según ha añadido, también tiene encomendadas las competencias en materia de inspección y vigilancia del dominio público marítimo terrestre, ejerciendo las funciones de policía necesarias para la protección de las aguas litorales y del resto del dominio público marítimo terrestre.
