EL FRACASADO PROYECTO DE CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL EN MOTRIL EN 1767
En los cabildos de 15 y 16 de diciembre de 1728 del Ayuntamiento de Motril, se propuso por el gobernador político y militar de la ciudad, marqués de Campoverde, el establecimiento de un colegio regentado por Jesuitas y se acordó escribir sobre ello al cardenal D. Luís de Belluga y Moncada, natural de la ciudad, para que interceda ante el rey y concediese la fundación de la citada institución educativa (Archivo Municipal de Motril. Libro de Actas Capitulares nº 72. 1728).
La respuesta del cardenal fue la de aceptar la petición de los motrileños y, desde 1737, él manifiesta abiertamente su intención de fundar un colegio regido por los Jesuitas, tal y como se había pedido por el concejo municipal, en su ciudad natal.
En agosto de ese año escribe al arzobispo de Granada para que se compre la llamada “Casa de los Herreras” situada al sur de la población, plaza del Tranvía actual, para un seminario que se denominaría de “San José”, ya que a juicio del prelado era la mejor que había en Motril y que además tenía un bellísimo salón para iglesia. La compra se efectúa en noviembre del mismo año (Archivo de la Curia de Granada. Cartas del cardenal Luís de Belluga al arzobispo de Granada para la compra de la casa de los Herrera. Roma 14/8 y 25/11 de 1737).
Sobre 1738 se iniciarían las labores educativas con la presencia de los Jesuitas en Motril que habían aceptado el encargo de Belluga, aunque la escritura de fundación no se firma hasta marzo de 1740 y en ella la orden religiosa se obliga a mantener dos escuelas gratuitas para los familiares del Cardenal y para niños pobres de Motril y Salobreña, donde se enseñarían las primeras letras, Latinidad, Filosofía, Teología Eclesiástica y Moral; sirviendo, además, las cátedras del citado seminario de “San José” que contaba con una de Filosofía, otra de Teología y dos de Jurisprudencia. Dotó Belluga esta fundación con un capital de 31.000 ducados, afectos a la quinta parte de la masa total de sus fundaciones pías en Murcia.
Para el colegio, llamado de “San Luis de Gonzaga”, el cardenal ordenó comprar las casas principales pertenecientes al vínculo de Juan de Aguilar que estaban situadas al levante de la placeta de los Herrera, también actual plaza del Tranvía y en el mismo lugar que hoy ocupa el convento y colegio de las Madres Dominicas. Pagó por estas casas 41.700 reales y 17.500 reales por las obras de adaptación para el colegio.
Compró, además, unas casas y un huerto de 7 marjalesque eran de Catalina Martín, viuda de Pedro Berben que lindaban con el mesón de rambla de Castil de Ferro, que baja del Postiguillo de Beas, hoy calle de la Muralla; y otras casas en la plaza Castil de Ferro, actual Jardinillos, que adquirió de Francisco Rivera y su mujer Antonia López en precio de 1.850 reales y que lindaban con las casas que había comprado para el colegio. El mesón de la puerta de Castil de Ferro, sería adquirido algún tiempo después y ya aparece en el Catastro de Ensenada de 1752 como propiedad del colegio motrileño de los Jesuitas.
Prácticamente toda la manzana comprendida entre las calles de la Muralla, José Felipe Soto, avenida de Salobreña, Narciso González Cervera y calle de la Carrera, pertenecieron a las fundaciones del cardenal Belluga en Motril.
Casi treinta años ejercieron los Jesuitas su labor religiosa y educativa en la ciudad, pero en 1767, la Compañía de Jesús es expulsada de España por decreto de Carlos III el 31 de marzo, con el pretexto de su posible participación en el motín de Esquilache y sus bienes incautados. Los Jesuitas motrileños fueron expulsados en la noche de 3 de abril y conducidos a Málaga donde embarcaron para abandonar el país.
A partir de este momento, se suscita la cuestión de qué hacer con las propiedades de los Jesuitas confiscadas en la ciudad. El ministro de Hacienda envía una carta al gobernador político y militar, Joseph del Trell, pidiéndole información sobre a que se podían aplicar con mayor utilidad pública los edificios del colegio. (Archivo Histórico Nacional. Consejos. Leg. 15.583).
El planteamiento que hace el gobernador es dedicar las propiedades que tenían en la comarca los Jesuitas expulsados para hacer alguna obra pública que beneficiase al conjunto de los vecinos de la zona. En la carta que dirige a Pedro Rodríguez Campomanes, ministro de Hacienda del gobierno de Carlos III, fechada en Motril el 15 de septiembre de 1767, le dice que la ciudad tiene menos de 2.000 vecinos, que su jurisdicción es muy pequeña comprendiendo únicamente Gualchos y su anejo de Jolúcar con unos 200 vecinos, y el derruido lugar de Pataura que, aunque en otros tiempos sus vecinos fueron numerosos, en esa fecha solo la habitaban nueve.
Afirmaba que en Motril había religiosos suficientes y que ya tenía tres conventos, Franciscanos, Capuchinos y Victorios, y un convento de monjas Nazarenas que todavía permanecían de clausura en la casa que el pueblo compró para ellas. Los habitantes de Motril, decía, son de suma pobreza y “por ella la infelicidad con que enfermos pasan sus moradores, acabando una gran parte aun sin el alivio de un colchón o gergón, porque la más de las vezes, si su misma enfermedad los imposibilitó de aprovecharse de un zarzo de aneas, espiran embueltos en su pobrísima capa y ropa”.
No le quedaba más remedio al vicario eclesiástico, que acudir a la caridad de parientes y vecinos más próximos y piadosos para alimentar a los enfermos y que eso le había hecho clamar muchas veces a Trell por conseguir medidas sanitarias y hospitalarias.
Es verdad que había un hospital en la ciudad, el antiguo hospital de San Ana, que había llegado a tener doce camas pero en la actualidad, por sus escasos bienes muebles y rentas solo podía mantener tres y que, únicamente, atendía a los vecinos de Motril y Salobreña y en enfermedades que tuviesen pronta curación.
Pero, además, a Motril por las labores de la zafra y la fabricación de azúcar, venían a trabajar todos los años gran número de familias completas con sus animales desde la Alpujarra y permanecían en esta ciudad hasta el mes de mayo y ocupaban gran cantidad de habitaciones “que los vecinos naturales las tienen por desperdicio y así conjuntas estas gentes, para ellos solo hacen pútridos vapores”. Si algunos de estos forasteros enfermaban, rápidamente se originaban epidemias y contagios, obligando a hacer hospitales provisionales y lazaretos y con gran mortalidad, hasta tal punto que lo enterramientos se hacían en el campo, donde “oy solo se conservan por memoria unas cruzes y cuento quatro paraxes distintos”.
Por todas estas razones, Trell, proponía al ministro que la casa donde habían tenido los Jesuitas su colegio se vendiese y que con el producto de su venta se destinase a la creación de un hospital general, tomando para ello la casa principal que fue de los Herrera, que había sido comprada por el cardenal Belluga para que los Jesuitas atendiesen en un seminario a los hijos de los motrileños. Trell, también pensaba que, quizás, esta casa de los Herrera tampoco podía ser muy buena para dedicarla a hospital por estar muy próxima a las humedades de la vega y de la acequia; por lo cual, también, aconsejaba venderla y con los beneficios de esta venta junto con los del colegio, se comprase o arrendase la casa del vínculo que poseía Vicente Agudo, ujier de Cámara del rey, situada en un paraje más ventilado. Esta casa ubicada en la inmediaciones de la plaza de la Aurora y que se conocía en Motril como el “Galeón”, servía de cuartel de la Compañía de Inválidos Provinciales. El gobernador proponía trasladar a los soldados a las habitaciones que el Ayuntamiento tenía de su propiedad encima de la Alhóndiga y de las Carnicerías en la actual plaza de España, “siempre mal ocupadas y bacias” y establecer en esa casa el tan necesitado hospital.
Para el mantenimiento de esta institución sanitara Josep de Trell, pensaba que había que agregarles las rentas obtenidas por las demás propiedades que habían tenido los Jesuitas y ese dinero, bajo la fiscalización del Ayuntamiento, destinarlo para el cuidado de los enfermos y pagar a un hombre y una mujer que trabajasen en el hospital. Creía que con la erección de este hospital se producirían los efectos más piadosos y “conforme al remedio de el desconsuelo que se advierte por mi” e, incluso, lo misericordioso de esta acción “para sufragio del alma del Cardenal”.
Las rentas anuales que poseían los Jesuitas, por el arriendo de las propiedades en la comarca, eran las siguientes:
- Por el arriendo de tierras de riego en la vega de Motril………. 2.513 reales
- Por el arriendo de tierras en Panata y una viña en el Magdalite…878 rls.
- Por el arriendo de la huerta contigua al colegio………………….300 rls.
- Seis casas en la plaza de Castil de Ferro…………………………500 rls.
- Mesón de la puerta de Castil de Ferro………………………………0 rls.
- Distintos censos…………………………………………….…….435 rls.10 mrs
- Tierras de riego, secano, bodega, casa de labranza y molino de aceite de Itrabo……………………………………………………………………6.586 rls.
Descontados los censos que se pagaban a la Real Hacienda, a la Iglesia y a otros particulares, quedaba una renta libre de 10.108 reales y 5 maravedís anuales, suficiente para mantener el proyectado hospital.
El 12 de diciembre de 1767 se reunieron con el gobernador los señores Clemente Sánchez de Bustamante y Francisco Rodríguez de Sanromán, regidores comisionados por el Ayuntamiento, y Joseph Garvayo y Antonio Peña, diputados del Común, para tratar el destino definitivo que había que darle a las casas del colegio. Pensaban que, efectivamente, habría que atender a la propuesta del hospital, pero que también, y así lo había acordado el Ayuntamiento, se llevase a efecto la voluntad de cardenal Belluga de crear unas cátedras para que los naturales de Motril pudiesen estudiar sin salir fuera.
Da la impresión que no hubo mucho acuerdo entre el gobernador Joseph del Trell y los regidores y diputados, sobre el uso final se le debían dar a las propiedades de los Jesuitas expulsados y ese mismo día, Trell, dirige una carta al ministro Rodríguez Capomanes, acompañada de un plano de los edificios realizado por maestros albañiles motrileños. Le dice a Capomanes que el Ayuntamiento, aun conociendo la necesidad del hospital y lo beneficioso que sería para los muchos pobres del vecindario, se dilataba mucho en el modo de ejecutarlo porque no le asignan “firmes caudales con que poderlo practicar”. En el plano, decía el gobernador, se ve que la casa colegio “tiene proporcionada disposición aunque corta para seguir la misma distribuzión del aula de enseñanza y limitada vecindad para los maestros”.
Para la casa de los Herrera, aconsejaba, mientras tanto, que el edificio se ocupase y arrendase con las administraciones de Rentas Reales, separando las Provinciales de las Generales con diferentes entradas. Con los alquileres se mantendría el edificio en buen estado y aunque las Rentas la comprase “los valores pudieran tener conforme aplicazión a las intenziones del Cardenal, sin sufrir las desmejoras que oi esperimenta, siendo negado que en esta ciudad aia comprador”.
Al final, nunca se hizo el nuevo y tan necesario hospital propuesto por Joseph del Trell. El viejo hospital de Santa Ana siguió estando en el ruinoso inmueble de la plaza dela Tenería. Este edificio sufrió daños importantes en los terremotos de 1804 y 1884 y hubo se ser abandonado definitivamente el 1888, trasladándose el hospital al convento de Capuchinos que había sido adquirido por el Ayuntamiento y que ya se utilizó como hospital de urgencia en los citados terremotos de 1884 y en la epidemia de cólera de 1885.
Las propiedades de los Jesuitas en Motril pasaron a los beneficiados de la Iglesia Mayor y andando el tiempo, las fundaciones de Belluga en Motril y en el resto de las ciudades murcianas, fueron desamortizadas y vendidas en pública subasta, con ello las instituciones creadas por el Cardenal desaparecieron y a fines del siglo XIX nada quedaba de las rentas destinadas a Motril y de los edificios que se habían adquirido para el seminario y el colegio. La casa de los Herrera pasó tras diversos pleitos, el más importante el sostenido por el sobrino del Cardenal, Fernando Belluga, con el cabildo de la Iglesia Mayor por la posesión de la casa en 1773; arrendamientos y usos a ser propiedad del Estado y en ella se estableció la Aduana de Motril a mediados del siglo XIX. A principios del siglo XX perteneció a la familia Jiménez Caballero, que la reedificó y fue quemada durante la Guerra Civil.
Las casas del colegio “San Luis de Gonzaga”, huertas, noria, etc., fueron desamortizadas durante el Trienio Liberal y compradas por Ruperto de la Cámara en 1822 y posteriormente vendidas en 1837 a Francisco de Paula Micas (Ortiz del Barco, J.: “Batiborrillo”, en Rev. La Alhambra. Granada 1911) y finalmente, adquiridas a principios del siglo XX por las Monjas Dominicas para establecer su, ya citado, colegio del Santo Rosario.
Por cierto, pronto pretendo escribir un artículo para revisar la figura y la gestión pública del citado gobernador político y militar Joseph del Trell, uno de los personajes más injustamente tratados en la historia de Motril, hasta tal punto que, cuando muere en 1789, el pleno del Ayuntamiento toma el ridículo acuerdo de darle gracias al Altísimo por habérselo llevado al reino de los Cielos. Y es que la labor del historiador no es copiar literalmente documentos del pasado sin atisbo de crítica histórica. Documentos que, a veces, pueden dar una visión falsa muy interesada; sino, buscar, documentar e interpretar cual fue verdaderamente la realidad de la gestión que hizo en Motril este personaje.
