EL FARO
La Consejería ha adjudicado este servicio a la Fundación Purísima Concepción de las Hermanas Hospitalarias de Granada
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública destinará casi 90.000 euros a un servicio de traducción a lectura fácil de las resoluciones judiciales, notificaciones, citaciones, requerimientos y demás documentación dictada por los tribunales que afecten a personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o que tengan dificultades de comprensión. Para ello, ha sacado a licitación pública la contratación de este servicio resultando adjudicataria la entidad granadina Fundación Purísima Concepción de las Hermanas Hospitalarias.
El contrato, por importe de 89.962,65 euros, tiene una duración de 24 meses prorrogable otros 12 y la previsión es que se traduzcan más de un millar de documentos entre sentencias y otras resoluciones decisorias (unas 400) y documentos de trámite (unos 655).
La fundación adjudicataria tiene un amplio conocimiento de las necesidades de las personas con discapacidad ya que cuenta en Granada con varios recursos en los que trabaja con el colectivo, desde residencias, centros de día y viviendas tuteladas hasta centros ocupacionales, de empleo y colegio de educación especial.
El objetivo de este servicio es hacer la Administración de Justicia accesible para las personas con dificultades de comprensión del lenguaje empleado por los tribunales. La Consejería puso en marcha una experiencia piloto de traducción a lenguaje fácil de documentos judiciales en los juzgados de Familia de Sevilla con la colaboración de la ONG Plena Inclusión y la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 26, María Luisa Zamora, delegada de Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Andalucía.
El proyecto fue galardonado en diciembre de 2021 por el CGPJ con el Premio a la Calidad de la Justicia en la categoría ‘Justicia más accesible’.
Con este contrato, el objetivo es extender este recurso a toda Andalucía en el marco del compromiso de la Consejería con la accesibilidad del sistema judicial, que incluye también un plan de obras en las sedes judiciales para eliminar barreras arquitectónicas, instalar equipamientos tecnológicos como bucles magnéticos para facilitar la atención a las personas con audífonos e implantes cocleares o mejorar las señalizaciones de los distintos órganos y servicios.
