EL FARO
- Un total de 5.539 personas han sido atendidas en centros sociales o de restauración de Andalucía durante este año
- Reclama una atención integral a estas personas como “deber inexcusable” de las Administraciones públicas
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado hoy, en la Semana de las Personas Sin Hogar, la grave debilidad en la que se encuentra el sistema de la atención a las personas sin hogar en Andalucía y la privatización de los servicios destinados a paliar la situación de estas personas. Por ello, llama a participar en las manifestaciones previstas para hoy en Sevilla y Cádiz.
Para la APDHA, las políticas hacia las personas sin hogar son “parciales y dispares, basadas en el asistencialismo, desde un sistema débil y privatizado, lo que refuerza y prolonga la dependencia y la exclusión en las que se encuentran”. Más bien, propone que la intervención social contra la exclusión debe centrarse en estas personas de manera integral, adaptándose a su situación vital en cada momento.
Un total de 28.552 personas han sido atendidas este año en España en centros sociales o de restauración, 5.539 personas en Andalucía, según la encuesta sobre las personas sin hogar publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 19 de octubre, reflejo de los 3,27 millones de andaluces (un 38,7%) que viven en riesgo de pobreza o exclusión, según el último informe sobre el estado de la pobreza en Andalucía de EAPN Andalucía.
La organización manifiesta su “enorme preocupación” por la difícil situación en que se encuentran las personas sin hogar en nuestra Andalucía. “Estamos a las puertas del invierno y miles de personas siguen durmiendo en la calle por no disponer de una vivienda donde cobijarse, una realidad que se reproduce sin cambios sustantivos año tras año”, critica.
Por ello, plantea como urgente y prioritario cubrir las necesidades básicas de la población más vulnerable “de manera real y no propagandística”, para lo cual, destaca la APDHA, “es imprescindible disponer de un plan andaluz para erradicar el sinhogarismo, que se haga de forma participada con las personas que viven en la calle y sus asociaciones, remunicipalizando los servicios de atención que se les ofrece en una red pública, estable y económicamente bien dotada, adaptando el sistema de atención a la realidad, necesidades, demandas y complejidad del sinhogarismo”. La intervención, añade, requiere de una reforma del estricto e inadecuado régimen de estancia para las personas sin hogar, que facilite y simplifique el acceso a los recursos y ayudas, para lo que la Renta Básica Universal (RBU), sostiene, se presenta como la alternativa más simple, rápida y eficaz.
También considera necesario distribuir por todos los barriosde las grandes ciudades los recursos para las personas sin hogar o en exclusión social, reduciendo su actual concentración; paralizar todos los desahucios sin garantías de una alternativa habitacional digna y estable; incrementar las plazas para convalecencia hospitalaria para los postquirúrgicos, movilizando recursos residenciales públicos en régimen de cesión o alquiler y apostar por la estrategia ‘primero vivienda’ (‘housing first’),como metodología prioritaria de lucha contra el sinhogarismo.
Se desprende de la encuesta sobre las personas sin hogar que las causas más relevantes que llevan a una persona a estar en esta situación sigue siendo la pérdida del trabajo (36,7%), la separación de la pareja (19,3%), tener que empezar de cero tras emigrar a otro país (22,3%), el desahucio de la vivienda (15,6%) o no poder pagar el alojamiento (14,2%). Igualmente, llama la atención que el 65% de estas personas posea estudios secundarios y un 11,2%, estudios superiores.
Pero no se trata solo de pobreza material (carencia extrema de alimentos, ropa, vivienda, etc.), señala la asociación, “carecer de alojamiento es la forma más extrema de exclusión. La falta de vivienda menoscaba la dignidad de las personas, les priva de sus derechos de ciudadanía y atenta contra los derechos humanos básicos”.
La organización reclama la responsabilidad de las Administraciones públicas y exige, una vez más, una atención plena a este colectivo tan castigado, capaz de garantizarles unas condiciones de vida digna, “un deber inexcusable de las Administraciones públicas”, recuerda.
Para la organización, el problema principal que presentan las personas sin hogar está motivado por la falta de un lugar donde vivir. “No se cumple el derecho constitucional a una vivienda digna y mientras se vulnere ese derecho, las políticas sociales que se apliquen no pasarán de ser meros paliativos”, concluye.
