La FAMP analiza el Proyecto de Ley de Policías Locales de Andalucía, en la que reclama «una financiación adecuada para este servicio desde los Ayuntamientos»

EL FARO

Los vocales que han estado presentes en esta reunión “se han hecho eco del sentir unánime del municipalismo, poniendo en evidencia la necesidad de incrementar la potencialidad de las Policías Locales

Reunión telemática.

Las Comisiones de Seguridad y Convivencia Ciudadana; y de Función Pública y Recursos Humanos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se han reunido este martes, telemáticamente, para abordar la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Policías Locales.

Esta reunión conjunta de ambos órganos sectoriales de la FAMP ha contado con la presencia de la presidenta del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL), Irene García Macías, quien ha trasladado “la preocupación”, manifestada recientemente por dicho órgano, “ante la posibilidad de que el texto legal sometido al Parlamento de Andalucía no recoja soluciones eficaces para la adecuada gestión, por parte de las Entidades Locales andaluzas, de este importante servicio público”.

En el mismo sentido, se han expresado Natalia Santos Mena, alcaldesa de Ayamonte (Huelva) y presidenta de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos; y Ana Isabel Jiménez, presidenta de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Los vocales que han estado presentes en esta reunión “se han hecho eco del sentir unánime del municipalismo, poniendo en evidencia la necesidad de incrementar la potencialidad de las Policías Locales de Andalucía mediante la articulación de mejoras organizativas que deben tener acomodo en la nueva Ley”.

A este respecto, se ha puesto de manifiesto “la necesidad de una adecuada financiación, así como el requerimiento de que se incorporen al proyecto normativo en tramitación los acuerdos alcanzados en el Consejo Andaluz de Concertación Local (CACL), órgano de colaboración y concertación de la Junta de Andalucía y los Gobiernos Locales andaluces, en el sentido de recoger distintas redacciones consensuadas respecto a varios artículos del texto de dicho proyecto normativo, relativos al marco competencial, a la atribución de funciones y al período mínimo de permanencia”.

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