Cartas al director/EL FARO
INCAPACIDAD LABORAL DERIVADA DE DOLOR MENSTRUAL
A veces pudiera tenerse la sensación de que los Gobiernos amanecen con el propósito de regular situaciones que nadie les ha demandado y que además forman parte de la esfera de lo íntimo, de lo privado de las personas. Sinceramente, pienso que esa idea es parte de una constante, quizás aprendida del comportamiento de algunos líderes políticos, de reducir problemas complejos al mayor simplismo posible con el propósito subyacente de golpear la imagen de los proponentes.
La realidad es tozuda y nos muestra continuamente que los problemas no existen, sino que son construidos y definidos subjetivamente, lo que de manera inevitable nos conduce a que cuando se plantea un problema, el mismo pueda ser analizado de múltiples maneras dependiendo de cuales sean los valores de quienes lo someten a crítica.
El hecho de que la incapacidad transitoria derivada de dolor menstrual nunca haya sido tratada en el pasado, ni haya estado incluida en la agenda institucional, no significa que el problema sea desconocido o no exista. Por el contrario, afecta a una población potencial de mujeres de más del 50% en España. Ni la tradición, ni la cultura, ni otros sesgos negativos pueden obviar esa realidad, ni mucho menos acudir al comportamiento o los efectos negativos del mercado de trabajo para tratar de justificar una opinión contraria.
Los objetivos de las leyes sociales, son variados y entre ellos no solo se encuentran los de provocar alteraciones positivas en los mercados. También sirven para cambiar el comportamiento de las personas: recuérdense las normas de prohibición de fumar en el interior de bares, restaurantes, pub, etc, o la de alcanzar ciertos límites de ingesta alcohólica cuando se conduce; inicialmente una buena parte de la población mostró cierto grado de incertidumbre que, a día de hoy, se puede afirmar, ha sido superada.
En las distintas propuestas que se barajan en el Consejo de Ministros, toma fuerza la de que los recursos necesarios para el mantenimiento de esta medida sean sufragados con cargo al Estado, esto le hace responsable en su condición de deudor a la hora de asegurar un bienestar básico a la población, es decir, lo que se está haciendo es agrandar el Estado del Bienestar, ampliando sus prestaciones y servicios. Lo que se pretende es poner en valor los principios de lucha contra la desigualdad y la pobreza y, lo que no parece muy acertado, es sacar a pasear, como argumento contrario al tal medida, el previsible comportamiento y los efectos negativos que tendría el mercado de trabajo, ni que sea preferible la autorregulación en el sentido neoliberal del término, porque eso es negar la realidad de que más del 50 % de la participación del PIB es consecuencia de la participación del Estado en la economía.
Francisco Contreras Escribano
Secretario de Formación y Empleo de la Ejecutiva Local del PSOE Motril
