VIOLENCIA VICARIA, JUEZ MEDIANTE
Ni el horror de la guerra en Ucrania; ni la inflación desbocada que se come los magros sueldos de la mayoría del personal; ni el acoso y derribo organizado contra el Gobierno desde poderes fácticos y mediáticos, usando a camioneros, gasolineros y caseteros sevillanos como marionetas complacientes; ni el clima loco de atar; ni el «nuevo» PP de Feijóo, igualito, igualito, que el viejo PP de Casado, deberían eclipsar la tragedia que viven a diario centenares de mujeres de este país, cuyo día a día transcurre bajo la amenaza de la violencia machista, de la que ellas y sus hijos pueden ser víctimas en cualquier momento, sin que la Justicia, ni los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estén sirviendo de mucho a la hora de frenar una sangría insoportable.
Solo unos días después de que el PP haya adoptado la «filosofía» de Vox y hable ya a las claras de «violencia intrafamiliar», lo que en la práctica supone cerrar los ojos a la violencia machista, hemos asistido a una sucesión de nuevos casos que además de escalofriantes, han puesto de manifiesto la alarmante indefensión, judicial y policial, en la que se encuentran las víctimas.
En los últimos siete días hemos asistido al asesinato de un niño a manos de su ¿padre?, con su madre a solo unos metros llamando a una puerta que solo se abrió, para mostrar el máximo dolor que semejante monstruo causó en la madre de su hijo; al de una mujer a manos de su expareja, bajo quien pesaba una inútil orden de alojamiento y al de una niña por su vecino de bloque, con antecedentes por acoso a menores y delitos de agresión sexual.
Si el relato de los hechos de estas características es siempre pavoroso, se convierte en indignante cuando hemos sabido que algunos hubieran podido ser perfectamente evitables si la Justicia hubiera hecho el trabajo por el que todos le pagamos; porque en el caso de Sueca, el asesino ya había sido condenado por malos tratos por un juez y se le había retirado la patria potestad, a pesar de lo cual, otro juez le concedió la custodia compartida del niño que ha acabado asesinando; en el de Cuenca el asesino quebrantó una orden de alejamiento y en el de Oviedo existían antecedentes de agresión sexual y a menores.
Aunque todos lo sean, en el caso más sangrante de los tres, la indignación se convierte en cólera, cuando por toda «explicación», la administración de justicia viene a «responsabilizar» a la madre de no haber comunicado al segundo juez la primera sentencia que condenaba a su expareja por violencia machista; como si una víctima machacada, aterrorizada y anulada, después de años de malos tratos, tuviera capacidad para evaluar estas situaciones.
Que en pleno siglo XXI nuestro sistema judicial no cuente con las herramientas que impidan semejante despropósito, es un auténtico fracaso, ¿De verdad es tan «difícil» que exista una alarma automática, para que un condenado por violencia machista no pueda acceder a la custodia de sus hijos? ¿De verdad es tan «complicado» que a la hora de decidir sobre la custodia de un menor, el juez o la jueza que tenga esa responsabilidad, compruebe previamente los antecedentes del aspirante a dicha custodia? Cualquier juez mínimamente responsable y con la empatía más elemental,, no tendría la menor duda en hacerlo, pero también los hay convencidos de que con haber sacado una oposición, ya tienen patente de corso para ser dueños de vidas y haciendas «per sécula seculorum»… Y lo que es peor, el corporativismo judicial reinante en ese gremio, hace que una y otra vez se vayan de rositas.
Está claro que el asesino de este pequeño de 11 años fue su «padre», pero también lo es que la Justicia ha fallado estrepitosamente y no vale con que ahora nos vengan con la milonga de que los sistemas de interconexión de los juzgados de familia son distintos a los de violencia machista, porque ambos deberían estar muy estrechamente vinculados. Tampoco deja en muy buen lugar a sus señorías el hecho de que un juez de una localidad de 28.000 habitantes que tiene que decidir sobre la custodia compartida de un menor, no se moleste en saber si alguno de sus progenitores ha sido condenado por violencia machista, algo que había ocurrido en otro juzgado de la misma localidad. Sencillamente imperdonable.
A la luz de los hechos es evidente que había que haber protegido más a ese niño y si no ha sucedido así es porque la justicia no ha sido suficientemente efectiva, por lo que es hora de que reflexionemos muy seriamente sobre estos fracasos, porque nos están costando vidas.
Ante tanta estulticia cabe preguntarse como son posibles tan groseros y reiterados fallos en nuestro sistema judicial y policial que se saldan con víctimas mortales y si algún juez/a «paga» por sus mortales negligencias, porque en cualquier empresa del mundo, errores infinitamente menos graves de estos que han segado la vida de un niño de 11 años en Sueca, de una niña de 14 en Oviedo y de una mujer de 47 en Cuenca, se habrían saldado con el despido fulminante, algo que el Consejo General del Poder Judicial debería plantearse para quienes ha posibilitado que tres monstruos hayan decidido acabar con tres vidas directamente y de paso con las de sus familias, porque ellas están condenadas a seguir respirando, pero ya nadie les devolverá una vida que merezca ser vivida.
