R.E.F.
- Presenta un escrito en el que se recogen las actuaciones seguidas en la tramitación de la moción presentada el pasado mes de julio para retirar la medalla al dictador, que fue finalmente rechazada por el pleno de la Corporación con los votos del equipo de gobierno (PP, Pmas, Cs) y el apoyo de Vox.
Izquierda Unida ha informado de la presentación de un escrito ante la Fiscalía por el que denuncia el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Motril que rechazó la retirada de la medalla de oro de la ciudad al dictador Francisco Franco, al considerar que es contrario a la normativa vigente en materia de Memoria histórica y democrática.
Con la presentación de esta denuncia Izquierda Unida reclama que se garantice la objetividad en el ámbito de la función pública, así como el principio de legalidad como fundamento básico de un estado social y democrático de derecho.
La iniciativa de Izquierda Unida cuenta con el apoyo expreso de representantes del mundo de la cultura, académico, profesional y político, así como de cientos de ciudadanos y ciudadanas que han suscrito un documento respaldando la presentación de esta denuncia.
La coordinadora y diputada provincial de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez, ha reafirmado con su presencia el apoyo de su organización a la denuncia ante la Fiscalía presentada por sus compañeros y compañeras de Motril.
La diputada provincial ha manifestado que su formación «va a estar enfrente de quienes se opongan a cumplir con la legalidad e impidan recuperar la normalidad democrática en las instituciones, fundamentalmente en nuestros ayuntamientos».
Mari Carmen Pérez ha subrayado el compromiso de su formación con la recuperación de la memoria histórica y democrática en Andalucía y su voluntad de seguir trabajando en defensa de la dignidad de las víctimas de la dictadura.
Ha denunciado que actuaciones como las del gobierno local de Motril «tienen mucho que ver con contenidos como los que se han producido en el chat de altos mandos militares retirados, con expresiones y manifestaciones inaceptables desde el punto de vista de la convivencia democrática. Ha declarado que ella es una de esos veintiséis millones de españolas a los que los exmilitares pretenderían fusilar».
Por su parte, Jose Llorente, concejal de IU-Equo y coordinador de Izquierda Unida en Motril ha señalado que las instituciones públicas tienen el deber de fomentar los valores y los principios democráticos propios de un estado de derecho. La condena del golpe militar de 1936, de la dictadura franquista y de la represión a la que se sometió a miles de ciudadanos de este país, en Andalucía y también en nuestro municipio se encuentra entre esos principios.
Según el edil de IU-Equo, lo que votaron los ediles en Motril del PP, Pmas, Ciudadanos y Vox fue, fundamentalmente, proclamar la impunidad del franquismo en nuestra ciudad. Una decisión consciente con la que pretenden seguir defendiendo los intereses de quienes sustentaron la dictadura en Motril, se enriquecieron a costa de sus vecinos y de sus vecinas y obtuvieron vergonzantes privilegios sociales, económicos y políticos por los que nunca han rendido cuentas y de los que siguen disfrutando sus herederos.
«Una Corporación democrática no puede posicionarse impunemente en defensa del dictador y de la dictadura porque esa manifestación colisiona frontalmente con los más elementales fundamentos de un Estado de derecho».
Llorente ha declarado que para su formación la denuncia del acuerdo del Pleno por el que se mantiene la medalla de oro de la ciudad al dictador se entiende como una acción democrática contra el fascismo que, a través de diferentes formas, «va ganando terreno en nuestra ciudad y en nuestro país».
«No podemos mirar para otro lado. La condena del dictador y del franquismo y la retirada de honores, menciones o simbología contraria a la Memoria histórica y democrática es un elemento central en la lucha contra las nuevas formas de fascismo», ha declarado.
Izquierda Unida planteó el pasado mes de agosto un recurso de reposición contra el acuerdo del pleno, que ha sido desestimado a propuesta de los servicios jurídicos municipales por cuestiones formales, sin entrar a valorar el fondo del asunto.
Por este motivo, desde su organización se está estudiando acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para plantear la posible nulidad del acuerdo plenario adoptado.
Jose Llorente ha anunciado, «vamos a seguir peleando en todos los ámbitos que sea necesario para que se retiren los honores al dictador. Nos avala la normativa vigente, la razón y nuestro compromiso democrático».
