POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN Y TIEMPOS DE PANDEMIA
El período de confinamiento y la “nueva normalidad” está siendo una dura prueba para toda la población, obligada por la pandemia a distanciarse físicamente de sus redes familiares y sociales, en tanto se enfrenta a una situación desconocida y de gran incertidumbre sanitaria, económica y social. La situación de las mujeres se ha visto aún más agravada: a la muy deficitaria corresponsabilidad de los hombres, se ha unido el cierre de centros de estudio, obligando a las madres a supervisar las tareas escolares, sin medios ni formación suficientes, sin el apoyo de las redes familiares y/o haciéndose cargo del cuidado de los/as mayores, ante el cierre de recursos sociales de apoyo. En muchos casos, estas tareas se han simultaneado con el trabajo en servicios esenciales (mal valorados y remunerados y con presencia mayoritariamente femenina) o el teletrabajo, lo que ha supuesto un tremendo sobreesfuerzo. La situación se agrava en el caso de las familias monoparentales, en un 82% encabezadas por mujeres, o en el de las empleadas del hogar, que no han podido acogerse a las ayudas para este sector por estar en su mayoría sin contrato o en situación irregular.
Según el INFORME emitido por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), las profesiones que tenían un menor prestigio y reconocimiento social, han sido las que han resultado esenciales para la atención y protección de las personas dependientes. El Informe señala que muchas mujeres han tenido que dejar de trabajar para cuidar de menores y mayores debido al cierre de las escuelas y los centros de día y acaban señalando que, “La falta de corresponsabilidad es producto de una cultura y no se modifica de la noche a la mañana”. La crisis por la pandemia ha mostrado con más claridad las costuras y grietas de nuestro modelo social y económico, también en lo relativo a las políticas de conciliación.
El Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, que permitía adaptaciones y reducciones de la jornada laboral para el cuidado de hijos/as o mayores, ha mostrado su insuficiencia y los límites de la acción institucional para resolver este problema. En una realidad laboral precaria e irregular, especialmente en el caso de las mujeres, donde es difícil hacer valer esos derechos laborales sin ser despedidos/as, el decreto se queda corto. Mientras persistan las resistencias de los hombres a hacerse corresponsables y solicitar la adaptación de sus horarios laborales, la conciliación será una utopía. El movimiento feminista lo ha venido repitiendo desde hace años: igualdad ante la ley, no es igualdad ante la vida.
Con respecto al rechazo en el Parlamento, tanto de Partidos Políticos de derecha como de izquierda, al Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción en lo relativo a las políticas sociales y el sistema de cuidados, queremos mostrar nuestra rotunda crítica e indignación. Este Dictamen de caracter general, contemplaba la creación de un Sistema de Cuidados, que refuerce y aumente los recursos para la conciliación y atención a personas en situación de dependencia. Una vez mas se anteponen los intereses partidistas al logro de una sociedad que tenga como ejes la igualdad y el cuidado.
La Plataforma 25N y 8M de Granada RECLAMA:
– La transversalización de las políticas de cuidados a todas las políticas públicas (las políticas de educación, sanidad, servicios sociales, empleo, comercio, transporte… deben incorporar una visión de los tiempos y responsabilidades necesarios para el cuidado de menores, mayores y dependientes).
– El desarrollo de una Red Pública de Cuidados que aumente y mejore los recursos existentes dedicados a menores, mayores y personas dependientes. Una vez más, reivindicamos la creación/consolidación de una red gratuita de escuelas infantiles de 0 a 6 años para garantizar el derecho de la infancia de 0 a 3 años a la educación. Es urgente incrementar la dotación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), cumplir los acuerdos del Pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes/as Autonómicos/as (2017); revisar en profundidad el modelo de residencias y de atención prestada a nuestros/as mayores, garantizando un trato digno y humano; y reforzar y mejorar los servicios de ayuda a domicilio.
– La ampliación de los permisos de paternidad y maternidad y para cuidado de personas mayores. Mayores facilidades para que hombres y mujeres adapten su horario laboral al cuidado de hijos/as y mayores. El desarrollo de los derechos laborales y de la capacidad de negociación de los comités de empresa en los centros de trabajo con el objeto de que estas medidas puedan ser efectivas en la práctica.
– Derechos laborales: Cumplimiento del Convenio 189 de la OIT relativo a las empleadas del hogar y cuidadoras a domicilio. Desconexión digital efectiva, control de horarios, dotación de medios técnicos y materiales, calendario laboral y jornadas laborales que contemplen la conciliación. La regulación del teletrabajo ha de estar sometida a negociación colectiva, ya que puede implicar serios retrocesos en conciliación y corresponsabilidad.
– El incremento de las prestaciones por menores a cargo, aumentando el límite de ingresos exigido para que llegue a más familias, especialmente a las monomarentales.
– La implicación del conjunto de la sociedad en el fomento del valor de la igualdad, el cuidado y la corresponsabilidad de mujeres y hombres, tanto en la vida privada como en la pública, dejando espacio para al ocio y el descanso.
– La apuesta por un modelo económico que ponga en el centro el CUIDADO de la vida y del medio ambiente que la hace posible.
Plataforma mujeres contra la violencia de genero
Plataforma 25N y 8M de Granada
24 de julio 2020
