- Concejales del Grupo Municipal Socialista revisan expedientes de la Inspección de Trabajo
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almuñécar ha denunciado que la ‘Inspección de Trabajo’ ha abierto un expediente a la empresa que presta el servicio de atención a domicilio, después de recibir ocho denuncias por no respetar los derechos de los trabajadores e incumplir la normativa referente a prevención de riesgos laborales.
El secretario general del PSOE sexitano y portavoz municipal, Francisco Prados, ha revelado que GTS, empresa cordobesa concesionaria del Ayuntamiento de Almuñécar para el desarrollo de la Ley de Dependencia, puede estar persiguiendo e incluso despidiendo a los trabajadores que han revelado diversos problemas en el desarrollo de su trabajo e incumplimientos graves del ‘Convenio Colectivo’.
Prados ha culpado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar de permitir, “mirando hacia otro lado”, estas arbitrariedades por parte de la empresa GTS y ha informado en este sentido que, pese a conocer desde el mes de marzo las denuncias de la Inspección de Trabajo, la concejal del PP responsable de Asuntos Sociales no ha sido capaz de afrontar este problema.
“El Ayuntamiento tiene conocimiento de estos problemas con la empresa concesionaria del servicio de atención a domicilio y del informe de la Inspección desde hace más de un mes. Y no solo no ha movido un dedo a favor de los trabajadores, sino que ha permitido que continúe el cerco a estos , en la actualidad hay dos juicios pendientes por vulnerar derechos fundamentales, estas actuaciones están incidiendo en la atención a los usuarios”, ha revelado el portavoz socialista.
“Hasta ahora ha habidos dos despidos y una baja por depresión. Curiosamente son los casos de los enlaces sindicales que han destapado esta serie de irregularidades. Y los más preocupante es que con todos estos problemas, los usuarios se ven afectados en la atención que les prestan”, ha añadido.
El Grupo Municipal Socialista ha informado que el Ayuntamiento de Almuñécar recibe de la Junta de Andalucía 1.200.000 euros al año para el desarrollo de la Ley de Dependencia, dinero con el que se paga a GTS la concesión del Servicio.
“Sin embargo este dinero público no se está gestionando bien. El equipo de Gobierno está permitiendo unos incumplimientos por parte de la concesionaria que repercute en la calidad del servicio. Para darlo en las mejores condiciones es imprescindible que se respeten los derechos de los trabajadores y que se cumplan los planes de prevención de riesgos laborales”, ha argumentado la edil socialista Mari Carmen Ruiz.Ruiz ha explicado que la empresa GTS no ha hecho valoración de riesgos laborales ni ha planificado la actividad preventiva obligatoria. “Tampoco ha dado a los trabajadores la formación necesaria para realizar su labor algo, que recogía el pliego de condiciones”. Hasta que fue denunciada por estos.
Para los socialistas, es necesario que el Gobierno municipal reaccione y vele porque la concesión cumpla lo firmado en el convenio. “Por el bien de los usuarios y de los trabajadores. Si no, como se acerca el momento de renovarla, que se de a otra empresa que sí cumpla lo pactado, cumpla los convenios y no castigue a sus trabajadores”.
