Antonio Escámez, Teniente de Alcalde responsable de las áreas de Medio Ambiente y Deportes y José Luis Chica, Concejal de Urbanismo y Educación han explicado en la mañana de hoy la moción presentada por el equipo de gobierno al pleno celebrado este lunes sobre la regularización de viviendas alegales
El primer Teniente de Alcalde ha indicado que esta moción se hizo con el objeto de dar una solución a un problema que no existe sólo en Motril sino que se da en toda Andalucía. “En nuestro municipio son más de 3.000 los vecinos que tienen un cortijo alegal, construidos éstos durante los últimos 30 años”, ha indicado Escámez, que ha continuado señalando que se quiere acabar con esta problemática “dando soluciones dentro del cumplimiento de la ley y sobre todo intentando evitar los derribos y el que se llegue a los tribunales”.
José Luis Chica ha señalado que serán los propietarios los que soliciten la petición acompañándola de un proyecto de actuación y a partir de este momento serán los propios ayuntamientos los que podrán resolver cada situación. El edil ha detallado igualmente que la moción aprobada en el pleno solicitaba instar a la Junta de Andalucía a modificar con carácter urgente la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía para definir un marco jurídico completo y actualizado que regule las urbanizaciones alegales y las actuaciones en el suelo no urbanizable, además de con carácter inmediato, establecer convenios Ayuntamiento – Junta con el compromiso de “normalización” en el Planeamiento municipal de las urbanizaciones alegales, como solución transitoria para las familias afectadas por órdenes de derribo de edificaciones.
“Hay que reconocer una realidad que tenemos ahí y dar una respuesta pero con condiciones”, han subrayado, informando de que el primer paso será proceder a hacer un inventario de edificaciones alegales en el municipio. A este respecto la propia Consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz, está trabajando en la elaboración de una nueva norma de ámbito andaluz, con rango de decreto del Consejo de Gobierno y que podría entrar en vigor en un plazo de seis meses, según anuncio de la propia Consejera.
Más concretamente este decreto persigue resolver la regularización tanto de las casas que se encuentran fuera de ordenación como de las asimiladas a fuera de ordenación, figura en la que se encuentran todas las viviendas construidas ilegalmente pero que han prescrito después de cuatro años y a las que no se les puede exigir la restitución de la realidad física anterior (la demolición).
