El Faro

Los CATE existen, pero no se quieren ver

OPINIÓN

LOS CATE EXISTEN, PERO NO SE QUIEREN VER

INMIGRANTES LLEGADOS AL PUERTO DE MOTRIL ESTA TARDE (Foto: Miguel Paquet)

No se puede ocultar lo que ya existe como una realidad. Motril, al igual que otros municipios de todo el litoral mediterráneo, siempre ha sido receptor permanente de llegadas de inmigrantes en pateras. Sin embargo, lo que antes era noticia puntual, se ha convertido en un continuo: en los últimos meses las alertas de Salvamento marítimo y del ERIE (Equipo de respuesta inmediata en emergencias) se suceden casi a diario sin apenas dar tregua al despliege asistencial de ayuda sociosanitaria y jurídica que conlleva cada persona que entra irregularmente.

La incesante llegada de pateras a nuestras costas ha puesto en evidencia que los CATE (Centro de Acogida Temporal) se han quedado pequeños, con instalaciones carente de las mínimas condiciones, en las que los Cuerpos de seguridad han de hacer la ardua tarea de identificación y retención hasta comprobar la situación de cada persona, tarea establecida por la Ley de Extranjeria. La improvisación inmediata de otras instalaciones deportivas, a las que se les está dando una doble utilización por las personas inmigrantes y por la población civil, no soluciona el problema a largo plazo, pues casi se ha visto agravado por la falta de aplicación del protocolo oportuno de desinfección y tratamiento de ciertas patologías contagiosas. Sin embargo, cabe resaltar la alarma suscitada en el momento en que se han utilizado otros espacios diferentes al existente, cuya insalubridad parece no poner en riesgo al personal que les atiende en el puerto a pesar de ser una reivindicación histórica del Cuerpo de Policía. Motril seguirá dando la espalda al problema mientras permanezca apartado en una nave portuaria, lejos del núcleo urbano.

Desde la administración, se articulan una serie de medidas que básicamente consisten en atención y custodia. Por otro lado la sociedad motrileña organizada a través de asociaciones, partidos políticos, sindicatos y voluntariado a título individual, intentan que su estancia sea lo más digna posible, manifestándose públicamente contra la ampliación encubierta de nuevos Centros de Internamientos de Extranjeros (CIES). Es sabido que un

Centro de Internamiento de Extranjeros CIE, se configura como un espacio de privación de libertad con la finalidad de proceder a la expulsión de las personas migrantes por el mero hecho de carecer de documentación, circunstancia ésta que en todo caso supondría una infracción administrativa, pero nunca un delito que lleve aparejada la expulsión del país. No obstante, es conocida la intención inicial del Ministerio del Interior de responder al desbordamiento ocasionado por la magnitud del fenómeno migratorio con la construcción de dos Centros de Internamiento en Andalucía; concretamente en Granada, se barajaron dos escenarios para la ubicación de uno de ellos: el polvorín de Sierra Elvira en Atarfe y la estación de vigilancia aérea (EVA 9) de Motril.

De aplicarse la Directiva 2008/115/CE la expulsión del país tendría acogida favorable, pero en el caso de España, al no haber traspuesto la normativa europea, cuya incompatibilidad con la legislación nacional fue puesta de manifiesto por el propio TJUE, Sentencia de 23 de abril de 2.015, y que resulta ser más favorable la legislación nacional que la europea en determinados supuestos de estancia irregular, no ha lugar a tan severa medida.

Ahora bien, la realidad se impone y con respecto a los CATE y CIES, la finalidad de ambos es de expulsión. En el primero se les detiene por 72 horas para la tramitación de los expedientes de expulsión e identificación y en los

CIES, una vez trasladados a ellos, pueden permanecer un máximo de 60 días.

Su finalidad, por tanto, es de privación de la libertad al objeto de ser expulsados del país y de esta forma lo que se está haciendo es criminalizar el hecho migratorio en sí mismo; no perdamos de vista que esas personas no han cometido delito alguno y que la Directiva europea que prevé la expulsión no puede ser de aplicación directa en España habida cuenta de que nuestra legislación es más favorable.

La descoordinación y la falta de medios de la administración en este asunto es muy evidente. Recientemente hemos podido conocer como inmigrantes procedentes de Motril fueron abandonados a su suerte en la estación de autobuses de Granada, lo que provocó que fuese la sociedad civil quien se organizara para ofrecer una respuesta digna ante tan clamorosa dejación de funciones que competen a la administración. No es coherente con las funciones de gobierno y gestión atribuidas a las distintas administraciones del Estado dejar desprotegidas a estas personas, porque con ello se están pisoteando los derechos humanos que sí que se encuentran plasmados en los derechos fundamentales y libertades públicas establecidos en nuestra Constitución.

Lo que está reclamando la sociedad civil es que no se sigan fomentando la apertura de Centros de privación de libertad donde la inseguridad jurídica es la norma. Corresponde a la administración poner en funcionamiento medidas respetuosas con las libertades y los derechos humanos.

Consejo de Coordinación de Podemos Motril

URL: http://elfaromotril.es/?p=109372

Escrito por ElFaro en 1 ago 2018. Archivado bajo Opinión. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o un trackback a esta entrada

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